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“Rechazamos cualquier intento gubernamental para oficializarnos, jamás nos subordinaremos al Estado”, afirma policía comunitaria de Guerrero.

“Rechazamos cualquier intento gubernamental para oficializarnos, jamás nos subordinaremos al Estado”, afirma policía comunitaria de Guerrero.

Comunicado de los Pueblos Fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria.

Frente al plan de los gobiernos federal y estatal, de darle «cause institucional a todos los grupos de Policía Comunitaria» en Guerrero, anunciado por el gobernador Rogelio Ortega, quien ocupa ese puesto tras la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros cuatro jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, respondemos:

1. Le recordamos al gobierno federal y a los gobiernos estatales de supuesta izquierda, que han gobernado nuestro estado por ya más de una década, que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria (CRAC-PC) es una institución fundada en 1995 por los pueblos Na´Savi y Me´Pháá de la Costa-Montaña de Guerrero, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos originarios y ante la necesidad de devolverle la paz y la tranquilidad a nuestras comunidades, misma que el Estado no ha sido capaz de garantizar hasta la fecha.

Nuestra institución está basada y regulada por las Asambleas Comunitarias de cada pueblo y por nuestra Asamblea Regional. Los grupos de Policía Comunitaria elegidos en cada Asamblea, campesinos que han tenido que dejar el machete y la tarecua para defender a su comunidad, llevan 20 años dando su servicio sin recibir paga.

Ya que parece que no tienen memoria, les recordamos que durante los primeros años los delincuentes, detenidos y entregados a las autoridades oficiales, eran liberados y regresaban a atacar a nuestros pueblos. Por eso tuvimos que organizarnos para crear nuestro propio sistema de administración de justicia, buscando la reparación del daño y lo que llamamos la reeducación, que busca volver a los que cometen delito al camino de la comunidad.

Son los pueblos quienes reconocen la entrega y el sacrificio por el riesgo que corren los Policías Comunitarios. El Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia cuenta con autoridades elegidas y respetadas por las comunidades. Eso es lo que llamamos LEGITIMIDAD y eso es lo que ustedes en el gobierno no tienen.

También hacemos de su conocimiento que tenemos bases jurídicas para ejercer nuestro derecho a la libre determinación, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado de Guerrero.

2. Los pueblos Na´Savi y Me´Pháá que orientaron este camino hace 20 años vieron el riesgo de que nuestra lucha y nuestro sistema de justicia fueran cooptados por el Estado o por grupos oportunistas, por eso la base fundamental siempre serán las Asambleas Comunitarias y la Asamblea Regional. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias nace de la Asamblea Regional pero no puede tomar ninguna decisión sin ella. No le compete firmar ningún acuerdo o convenio con el gobierno o algún particular, ni tomar ninguna decisión sobre el rumbo político de los pueblos sin la consulta y aprobación de la Asamblea Regional, quien a su vez debe consultar a las Asambleas Comunitarias.

3. Sr. Rogelio Ortega, usted mejor que nadie sabe que nuestra institución ha sido constantemente golpeada desde su origen, la han buscado cooptar, dividir, comprar y secuestrar. Personajes que ahora lo asesoran como el Sr. Pablo Guzmán Hernández y el Sr. Valentín Hernández Chapa, originarios del estado de Morelos, son algunos de quienes han operado esta guerra sucia contra nuestro proceso organizativo.

Primero se montaron y distorsionaron nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, después impusieron a personajes oscuros y terminaron traicionándose para generar enfrentamientos entre grupos de poder. Con el apoyo de Ángel Aguirre Rivero, se entregaron grandes cantidades de recursos, impulsando una campaña de difamaciones y compra de conciencias hasta lograr credencializar a grupos de supuestos Policías Comunitarios sin ninguna legitimidad y sin consultar a nuestras comunidades.

Actualmente siguen buscando confrontar a nuestros pueblos y distorsionar este noble proyecto, siempre con el apoyo de los gobiernos de supuesta izquierda, de organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos y de la prensa supuestamente progresista, engañando a la opinión pública. Ahora usted se dice preocupado de que «expresiones de radicalismo extremo» que usted mismo llama «guerrilla» contaminen a la Policía Comunitaria y que por eso debemos todos de seguir «los cauces institucionales» ¿Es acaso una burla?

4. Sr. Rogelio Ortega, sabemos que desde gobernación federal, a través del ejército mexicano y estas fuerzas obscuras que usted tanto le preocupa que «contaminen» los procesos organizativos de los pueblos originarios, se ha diseñado un plan para eliminar a 30 activistas sociales del estado de Guerrero. Lo que se busca es acabar con el proyecto histórico de la CRAC-PC. ¿Por qué usted se presta a ser un operador más de esta estrategia?

Ahora son narcoparamilitares que se disfrazan de policías comunitarios, infiltrados en el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), quienes cuentan con evidente protección gubernamental puesto que están entrando en territorios de pueblos originarios portando armas AR15 y AK47, planeando emboscadas, desapariciones y ejecuciones sin ningún honor. Como el cobarde asesinato del Comandante del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Miguel Ángel Jiménez Blanco, quién dicho sea de paso fue uno de los principales promotores de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.

Al interior de este grupo (FUSDEG) están operando al menos seis líneas vinculados a los negocio de narcotráfico, secuestro, extorsiones entre otras actividades criminales por que cuentan con protección gubernamental si a usted tanto le preocupa que estas supuestas policías comunitarias «se vinculen y se conviertan en defensores de territorios del crimen organizado». Los enfrentamientos internos entre estas líneas, que han derivado en decenas de muertos, se han vuelto la coartada perfecta para culpar a la UPOEG y de esta manera comenzar una guerra ente ambas organizaciones.

Ahora resulta que estos enfrentamientos son la coartada para imponer según sus palabras «un convenio marco de institucionalización» para credencializar, regular el tipo de armas, asignar territorios, presupuesto gubernamental y adiestramiento del Ejército y la policía estatal.

Según sus declaraciones van a publicar la convocatoria «para darle cauce institucional a toda está experiencia de policías comunitarias», usted ha dicho «vamos a institucionalizar a todos y el que no entre se queda al margen» ¿Se trata acaso de una amenaza? ¿Es acaso el anuncio de la embestida que se viene desde los gobiernos federal y estatal?

5. A los gobiernos y a las fuerzas oscuras que vinieron a dividir y montarse en nuestro proyecto, les decimos de una vez por todas que se vayan de nuestro territorio con todo el daño que han causado y siguen causando. Les recordamos que estamos en un proceso de reconciliación con todos los pueblos que han levantado en estos veinte años el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, así como con los que se fueron sumando de manera legítima. Les decimos claramente que vamos a recuperar el espíritu original de nuestra institución y juntos lograr su reconstitución.

Rechazamos cualquier intento gubernamental para oficializarnos. Les decimos que jamás nos subordinaremos al Estado y que exigimos, como siempre lo hemos hecho, una relación de respeto mutuo. Exigimos a los gobiernos respeto total a nuestro Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, a nuestra Policía Comunitaria y a nuestra Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria.

6. Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos del país y del estado de Guerrero, en especial de todos los coordinadores y policías comunitarios que fueron traicionados y entregados por los que se decían sus compañeros y que llevan más de dos años en la cárcel, como es el caso de Néstora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, policías comunitarios de Metlatónoc y de El Paraíso.

Territorio Comunitario, 24 de agosto de 2015

Atentamente

«El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia»

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Pueblos Fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia

Casa de Justicia de Zitlaltepec

Casa de Justicia de El Paraíso

Casa de Justicia de Cochoapa

Casa de Justicia de Juchitán

Casa de Justicia de Rincón de Chautla

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