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“Tren Maya”, pueblos originarios frente al reordenamiento territorial en México

“Tren Maya”, pueblos originarios frente al reordenamiento territorial en México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 16 de marzo. Pueblos originarios del sureste mexicano impugnaron mediante un amparo judicial al autodenominado “Tren Maya”, ya que dicho proyecto de reordenamiento territorial no cuenta con los estudios de impacto ambiental por lo que el juzgado primero de distrito de la ciudad de Campeche, otorgó la suspensión definitiva del proyecto, informaron este lunes en conferencia de prensa pueblos tsotsiles, steltales, choles y mayas peninsulares, desde el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal.

“El amparo número 12/2020 en dicho juzgado, se presentó contra actos de las siguientes autoridades: presidente de la república, director del fondo nacional de fomento al turismo, secretaría de gobernación y director del instituto nacional de pueblos indígenas”, informaron pueblos originarios de más de 15 municipios de Chiapas, que recolectaron más de 24000 firmas en apoyo a sus compañer@s de la península, ya que se violentó la libre autodeterminación de los pueblos originarios, denunciaron en la rueda de prensa.

«se violentó y se está violentando su derecho y nuestro derecho a la libre determinación, como expresión de la autonomía, reconocida en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De igual forma, atenta contra el artículo 1º de la Carta Magna, pues violenta nuestros derechos humanos y sus garantías, como es el contar con información cabal, previa, plena y cierta sobre dicho proyecto», enfatizaron.

Nos aseguraron que el tren sería la solución a todos los problemas; que con ese proyecto tendríamos agua, servicios de salud, educación, carreteras y empleo. Nos están condicionando todos esos servicios para que aceptemos ese megaproyecto”, denunció Ernesto Martínez, de Calakmul Campeche. De igual forma Nicolás Moreno, señaló que el instituto de pueblos indígenas (INPI), ha estado presionando para que acepten el megaproyecto, lo mismo que el programa “sembrando vida”.

Por su parte Pedro Faro, director del Frayba evidenció que el Estado mexicano ha estado simulando las consultas a los pueblos originarios al no tratarlos como sujetos de derecho, sino que se les subordina al presionarlos a sumarse a un proyecto ya definido. “Se les condiciona a los pueblos a cambio de servicios como educación y salud, y ocultan información de la comisión de ciencia y tecnología sobre el contexto adverso para los pueblos originarios”, abundó el defensor de derechos humanos.

AUDIO CONFERENCIA:

https://archive.org/details/dr00001080

Boletin Frayba:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
A 16 de marzo de 2020.
Boletín No. 06

Comunidades Mayas rechazan megaproyectos que amenazan la Vida

El Estado mexicano simula respeto a los derechos al territorio, la libre determinación y la cultura de Pueblos Originarios.

Con el proyecto denominado Tren Maya, el Estado mexicano impone un modelo de desarrollo turístico con alto riesgo para los pueblos originarios específicamente al derecho a su territorio, su cultura, libredeterminación y autonomía. Impactos que se intensifican con las infraestructuras vinculadas como el Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, decidido en Chiapas sin la participación de las comunidades que serán afectadas.

A pesar del discurso del Gobierno Federal refiriendo el diálogo y la información con representantes comunitarios para dar seguimiento a la simulada consulta de diciembre de 2019, las estrategias implementadas denotan continuidad en las políticas de no reconocimiento de los Pueblos Originarios como sujetos de derechos. Se les subordina a integrarse a un programa previamente ya decidido y se les mira como objeto de explotación. Además persisten los mecanismos de división social y coacción a cambio de derechos básicos, como las carentes obras públicas y más grave, a cambio de derechos como la salud y la educación: «En Tulum, Quintana Roo, integrantes de la comisión de seguimiento pidieron dar continuidad a la petición de transporte y obras carreteras, así como en materia de infraestructura educativa para fortalecer el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes a la escuela».

Respecto al cumplimiento del Derecho a la Consulta, acorde con el marco de derecho internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), invitada por instancias gubernamentales a observar dicha consulta, señaló el 19 de diciembre de 2019, que el proceso: “no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia”. Destacó que se omitió presentar información sobre posibles impactos negativos y que la convocatoria y protocolo de la consulta podrían “dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado”. Nos preocupa que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador descalifica las observaciones de la OACNUDH y con ello el trabajo que dicho organismo realiza.

El ocultar información es otra grave falta al Derecho a la Consulta. El informe: “Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles», elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es una investigación necesaria a difundirse para que las comunidades afectadas conozcan el adverso contexto que afrontarán. Además de las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales, en el apartado: Mercantilización de la cultura, los saberes y la memoria, se dimensiona el exterminio a la vida misma de los Pueblos Originarios que enfrentan la violencia en distintas dimensiones y que aumentaría con el flujo de población a gran escala. «La intervención con actividades de ordenamiento territorial y urbanización no conforme con la visión local de los modos de vida podría afectar profundamente la cultura, la identidad de los pueblos indígenas interesados y el tejido social de sus comunidades, que es justo lo contrario de lo que señala el Convenio 169 de la OIT firmado por México».

En Chiapas, el Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, es la infraestructura que necesita el Tren Maya y se decidió su construcción sin considerar que su primer tramo, la Carretera de las Tres Culturas San Cristóbal-Palenque, es un proyecto rechazado reiteradamente por comunidades de al menos 12 municipios al diseñarse sobre sitios sagrados y tierras ejidales.

Por lo anterior, reiteramos al Estado mexicano que en su Informe sobre su visita a México, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recomendó respecto a las prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento que: «debe adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios».

El Frayba celebra la suspensión definitiva de los trabajos del Tren Maya, en el territorio de Calakmul, que el pasado 03 de marzo, en audiencia incidental por un juicio de amparo, lograron los pueblos Maya y Ch’ol organizados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Acción que en Chiapas respaldan más de 12,124 firmas de integrantes de comunidades de 15 municipios, para la cancelación completa del Tren Maya.

Esta digna lucha de los Pueblos Mayas en la defensa de su territorio representa el cuidado de la Vida, de la Madre Tierra, de la Humanidad.

*-*

COMUNICADO DE RESPALDO POR PARTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS:

2º de febrero de 2020
Asunto: Respaldo al Juicio de Amparo 12/2020 en el Juzgado de Distrito 1º de Campeche

AL PUEBLO DE MEXICO
AL JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
A la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
A la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli- Corpuz
PRESENTES

Los que firmamos al calce autoridades ejidales, comunitarias y pobladores, respaldamos en todas sus partes el juicio de amparo interpuesto por nuestros hermanos indígenas tostiles, tsletales, cho’oles y mayas peninsulares, con número de expediente 12/2020 radicado en el Juzgado 1º de Distrito en la Ciudad de Campeche, contra actos de las siguientes autoridades: Presidente de la República, 2. Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 3. Secretaria de Gobernación y, 4. Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Lo anterior porque como lo argumentan, con el llamado Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el “PROYECTO DE DESARROLLO TREN MAYA”, se violentó y se está violentando su derecho y nuestro derecho a la libre determinación, como expresión de la autonomía, reconocida en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De igual forma, atenta contra el artículo 1º de la Carta Magna, pues violenta nuestros derechos humanos y sus garantías, como es el contar con información cabal, previa, plena y cierta sobre dicho proyecto; también viola nuestro derecho a expresar libremente nuestro consentimiento, porque con engaños se les ha hecho creer que con ese proyecto se resolverán problemáticas ancestrales y además, se les prometió que se les proporcionarían servicios públicos —sobre los cuales tenemos y tienen derecho independientemente de que se realice o no dicho proyecto.

En este sentido, también exigimos respeto al ejercicio de nuestra libre determinación como personas y pueblos indígenas ya que se nos quiere imponer, la construcción de la llamada supercarretera San Cristóbal-Palenque, pasando por encima de nuestros derechos fundamentales, a saber: integridad de nuestras tierras y territorios, a no ser desplazados en nuestras formas de organización y producción, y de nuestras comunidades, y a participar y decidir con información cabal, plena y certera.

Por lo anterior exigimos que se respete el Estado de Derecho y concretamente, los estándares internacionales en materia de derecho a la consulta para los pueblos indígenas, así también, exigimos no se atente contra la integridad física, moral y psicológica de los que interpusieron el amparo arriba señalado, y también se respete a las bases sociales y comunidades que los respaldan.

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