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Expulsados de su comunidad por no votar por el PRI y oponerse a proyecto eólico

Expulsados de su comunidad por no votar por el PRI y oponerse a proyecto eólico

Por Aurora

Once personas, en su mayoría hombres, han sido desplazadas, expulsadas de su comunidad: San Francisco del Mar Pueblo Viejo, en la zona del Istmo, Oaxaca. El peligro de que continúen las expulsiones sigue vigente. Los expulsados, pescadores todos, narran que esta fue la última agresión de la que fueron objeto ya que desde hace meses se les había cortado el agua, tenían prohibido pescar en el encierro comunitario de camarón, sus potreros fueron destruidos y sus hijos no son admitidos en la escuela de la comunidad. Prácticamente se les había estado forzando a que por voluntad propia abandonaran su tierra y su casa. También recibieron cartas en varias ocasiones, firmadas por el Agente Municipal en donde se les expulsaba “pacíficamente” de la comunidad.

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Hace más de ocho meses uno de los ahora expulsados fue severamente golpeado y después encarcelado cuando se dirigía a pescar. La golpiza lo llevó al hospital con costillas fracturadas. Este sería el ejemplo para los que seguirían si resistían la expulsión.

Han existido varios rumores dentro de la comunidad para justificar la expulsión. Sobresalen el supuesto derrame de aceite en el pozo de agua de la comunidad y la presunta violación de una enfermera por órdenes y pago de uno de los llamados “problemáticos”.  Pero ambas acusaciones han caído por su propio peso y las cartas en donde se les notifica de su expulsión no ofrecen explicación alguna. Sin embargo, los expulsados sí han levantado demandas por las agresiones de las que han sido objeto, aunque ninguna de ellas ha sido investigada hasta ahora.

En la conferencia de prensa que ofrecieron los expulsados el 30 de Noviembre relataron: “En una Asamblea el 14 de Noviembre, asamblea de la que no fuimos informados y en la que no pudimos participar, se decidió nuestra expulsión. De la asamblea salió un grupo de 50 personas que llegó a nuestras casas, las apedrearon, intimidaron a nuestras mujeres y niños y nos sacaron por la fuerza. Querían sacar también a nuestras familias, pero otros habitantes de la comunidad los defendieron. Desde entonces ellos siguen allá y nosotros estamos aquí en Pueblo Nuevo, en donde buscamos refugio. Existen los expedientes donde se hacen las denuncias a las que los órganos correspondientes no les han dado seguimiento porque quienes están deteniendo el caso son el diputado federal, Samuel Gurrión, la diputada local electa, María Luisa Fuentes Matus y el ex presidente municipal, Héctor Matus. El último acto de indignidad que sufrimos es que el compañero José Luis intentó entrar a la comunidad para velar y enterrar a su madre que murió hace 10 días y fue nuevamente expulsado, sin permitirle siquiera estar en estas ceremonias tan importantes para nosotros y para cualquier ser humano.”

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Mientras tanto, la comunidad se encuentra virtualmente en estado de sitio: los accesos son controlados por el grupo que se encuentra en el poder, lídereado por el Agente Municipal a nivel local y respaldado por diputados electos príistas. Según relataron los pescadores, otros miembros de la comunidad no están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero temen sufrir los castigos impuestos a los que se rebelan. La prohibición de la pesca lleva al estrangulamiento económico en una comunidad cuya principal y prácticamente única fuente de ingresos y sustento es esta actividad.

Pero ¿qué es lo que rompió con el tejido social en esta comunidad? ¿Qué fue lo que desató toda esta violencia?

Según relatan los pescadores, un primer antecedente del conflicto está relacionado con que ellos impulsaron la creación de otra escuela que no estuviera controlada por la sección 59 del SNTE. Así fue como se creó otra escuela con maestros de la sección 22 de la CNTE. Esto desataría la discordia en una zona en donde ser maestro es tener acceso a una de las pocas posiciones remuneradas. Desde entonces, el grupo de padres de familia que impulsó la escuela de la CNTE se ganaron el apodo de los “problemáticos”.

El aislamiento social fue creciendo poco a poco. Junto con la prohibición de pesca en el encierro vino la otra prohibición tácita para los otros miembros de la comunidad sobre su relación con los “problemáticos”. Sus hijos, por ejemplo, son marginados por otros muchachos debido a las represalias de la comunidad.

Después vendría el conflicto electoral:

“En una asamblea nos dijeron claramente que si no votábamos por el PRI nos iban a desterrar del pueblo. Nosotros somos alrededor de 100 personas que normalmente votamos por el Partido Unidad Popular –partido de la región– pero por temor a la expulsión, al linchamiento, sólo alrededor de 40 votamos. Los demás se abstuvieron, de plano no quisieron votar. Ya después de la elección, cuando vieron quiénes habíamos votado, primero nos mandaron un documento en el que nos daban 72 horas para salir del pueblo.”

Pero ellos no desalojaron. En Octubre les dieron otro oficio en donde se les daba 7 días para salir o la Asamblea “ejecutaría la orden de desalojo”. Tampoco salieron y la amenaza se cumpliría en Noviembre.

La otra gran acusación en contra de estas personas es la de “oponerse” al desarrollo. Este supuesto desarrollo está vinculado con los planes que hay para el pueblo, principalmente el proyecto eólico.

Las empresas eólicas, omnipresentes en la región, han enfrentado oposición y han dividido a las comunidades en el Istmo. Bajo la promesa de darle a cada comunero 100 mil pesos y que se pavimentará la carretera que lleva al pueblo –la cual se encuentra actualmente en pésimas condiciones– se espera que se apruebe el proyecto. Sin ningún tipo de asesoría jurídica y en un estado de indefensión legal sobre su contenido, algunos comuneros aceptan los contratos.

Los expulsados se oponen a todo esto y ya están conociendo la aplicación de la “justicia” en el estado. Hasta el momento, ninguna de las demandas que han presentado ha prosperado. Agentes del Ministerio Público ya les han dicho claramente que son los políticos príistas antes mencionados los que están deteniendo todo y protegiendo al Agente Municipal y a su gente en Pueblo Viejo.  Los nexos son claros: durante la conferencia de prensa, un asistente afirmó ser testigo de una reunión en la oficina del comisariado en la que los diputados príistas en Pueblo Nuevo afirmaron que ni el proyecto eólico, ni otros proyectos en la región se detendrán frente a la oposición. Su respaldo es total, tanto a las empresas como a la gente de Pueblo Viejo que ha realizado las expulsiones.

Mar Pueblo Viejo

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